Desde la Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, con el apoyo de la Comisión de Atención Social Primaria, queremos seguir mostrando la preocupación existente en torno a la situación de la ciudadanía ante la solicitud de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid y de la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). También queremos poner de manifiesto que una amplia mayoría de unidades familiares perceptoras de RMI se siguen viendo inmersas en una situación de inseguridad por los continuos trámites y requerimientos burocráticos a las que se ven expuestas desde que se les comunicó hace más de un año la obligatoriedad de solicitar el IMV. 

  

El Colegio Oficial ya puso de manifiesto las dificultades que atravesaron tanto las personas afectadas como los servicios sociales municipales que habitualmente les atienden para poder cumplir con dicho requerimiento, plasmándose en diferentes documentos: 

 

 

En ellos  se presentaban diferentes  propuestas o medidas  para facilitar mejoras en el procedimiento interinstitucional y la necesaria colaboración entre Administraciones para que se  garantizase  un óptimo proceso de traspaso  y, así,  cumplir con el objetivo de evitar  pérdidas o demoras en la percepción de una prestación  necesaria para afrontar la cobertura de las necesidades básicas personales o familiares, que ya venían  demostrando periódicamente el cumplimiento de los requisitos exigidos.            

          

En el momento actual, no podemos dejar de seguir mostrando las dificultades que atraviesan estos perceptores, detectadas a través de nuestras profesionales y trasmitidas por la ciudadanía:  

 

Habiendo transcurrido más de 15 meses desde la puesta en marcha de la gestión del IMV, ésta  ha sido  insuficiente para dar respuesta de forma ágil,  siendo a su vez altísimo el  porcentaje de denegaciones; es necesario señalar que muchas de esas denegaciones obedecen, entre muchos otros motivos, a una difícil  instrucción en la autogestión de la solicitud (recordemos que se hizo en un periodo en el que no había apenas  posibilidad de tramitar presencialmente en las oficinas del INSS y que la mayoría de las personas a las que va dirigida la prestación plantean dificultades  técnicas y materiales con el uso de medios telemáticos).

         

Ante esta situación, desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, lejos de remitir la petición de requerimientos, está viendo incrementada dicha actividad y, en multitud de casos, se está procediendo a la suspensión cautelar de la prestación por no poder aportar la documentación exigida. La tipología de estas es variable y, en muchos casos, se da de forma paralela.   

 

 

Por tanto, las dificultades de la ciudadanía siguen siendo:  

  

Otra situación que queremos poner de manifiesto es la práctica paralización de las nuevas solicitudes de RMI y que, aunque a priori se valore la pertinencia y se pueda aportar la documentación de acreditación de requisitos, se exige como condición previa la solicitud del IMV teniendo a su vez que esperar todo el tiempo que transcurra hasta su resolución por parte del INSS. 

 

Propuestas:  

 

 

Con la incorporación del nuevo equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no podemos dejar pasar la oportunidad de informarles y transmitirles la difícil situación en la que se encuentran estas familias. De igual manera, nos ponemos a su disposición como colectivo profesional para poder ofrecer propuestas, medidas y colaboración a fin de resolver definitivamente estas dificultades.