Entre las acciones organizadas destaca la celebración el 22 de febrero de una Jornada de debate con participación de profesionales y representantes políticos de la Asamblea de Madrid. En dicha Jornada se han trasladado los contenidos básicos de ese imprescindible Pacto Social, centrados en tres ejes fundamentales. El primero relacionado con el reforzamiento de los derechos de ciudadanía siendo esencial su blindaje en el Estatuto de Autonomía, así como el inmediato desarrollo de la normativa autonómica en esta materia tras 15 años de su aprobación. Como segundo eje reivindicativo, la necesaria adaptación de los Servicios Sociales a las necesidades reales de la ciudadanía, planificándolos de forma estratégica y dotándolos de una financiación estable y suficiente y como tercero, la mejora de la calidad del empleo como elemento esencial para asegurar la calidad del servicio público y la continuidad de los procesos de intervención social con las personas.

En el desarrollo de las intervenciones y del debate ha quedado constatado por parte de los y las profesionales, las importantes debilidades de este sistema de protección social, su fragilidad y la necesidad de poner en valor su capacidad de apoyo a las necesidades y realidades sociales de las personas, por su proximidad a las mismas. En este sentido, se ha exigido reducir la burocracia, garantizar la coordinación interadministrativa y el reconocimiento de la atención social como derecho básico de la ciudadanía. Así mismo, se ha denunciado la importante precariedad del empleo que caracteriza al sector, especialmente, en aquellos servicios y centros gestionados de forma privada, modelo de gestión implantado en más del 75% de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

En el debate político, se ha puesto de relieve como el nuevo escenario parlamentario surgido tras las últimas elecciones autonómicas debe convertirse en una oportunidad para abordar los grandes retos pendientes. Así, todos los grupos parlamentarios han mostrado su acuerdo y compromiso con la demanda de un Pacto Social. Sin embargo, se han manifestado considerables diferencias en el modo de entender y abordar este Pacto.

Ciudadanos ha cuestionado fuertemente la propuesta del Gobierno Regional de implantar una Tarjeta Social para los ciudadanos que acudan a servicios sociales calificándola como “instrumento de control” y se ha mostrado favorable a articular una Ley Estatal de Servicios Sociales.

Por parte de Podemos ha insistido en la necesidad de garantizar y mejorar la financiación de los Servicios Sociales que solo representan el 8% del presupuesto regional, siendo la atención social de las personas una competencia esencial de la Comunidad,mientras se han dejado de ingresar más de 3.000 millones fruto de los regalos fiscales impuestos en la Región.

El Partido Socialista de Madrid ha hecho un llamamiento a la “rebeldía política y social para transformar socialmente”, ha insistido en garantizar la universalidad de las prestaciones sociales y ha manifestado la necesidad de modificar la Ley de Contratos Públicos para no convertir las licitaciones en “subastas” anteponiendo elementos técnicos y sociales por encima de los económicos.

En su intervención, el Partido Popular insistió en la importancia de la coordinación interadministrativa, defendió la apuesta del Gobierno de Cristina Cifuentes por la mejora de la información defendiendo así, la propuesta de Tarjeta Social y puso el acento en el avance que supone la Estrategia de Personas sin Hogar.

Para las organizaciones integrantes de la Alianza Social/Marea Naranja, la Semana de la Justicia Social tendrá su punto y seguido con la Concentración convocada el próximo sábado 25 de febrero en la Plaza de Opera, a las 12,30 horas, en la que en un ambiente lúdico pero fuertemente reivindicativo se invitará a la ciudadanía a confluir en la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.