La Ley 8/2021, publicada en el BOE el 3 de junio, reforma la legislación civil y procesal con la intención de promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se trata, pues, de un sistema que favorece  la capacidad de toma de decisiones de las personas con discapacidad y su autonomía, para ello esta ley contempla la definición de un sistema de apoyos individualizado, que define como los “recursos y estrategias que promueven los intereses y el bienestar de las personas y que tienen como resultado una mayor independencia y productividad personal, mayor participación en una sociedad interdependiente, mayor integración comunitaria y una mejor calidad de vida”.

Este documento técnico propone un modelo de Informe Social que pretende facilitar a las profesionales del trabajo social la valoración del tipo de apoyos o asistencia adecuados en cada caso concreto para la persona con discapacidad y su familia en un momento concreto de su vida, previa petición judicial. La ley 8/2021 hace que el diagnóstico social adquiera un papel fundamental, adquiriendo la figura de la trabajadora social un papel fundamental en este nuevo sistema de provisión de apoyos

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