Se trataron también todas aquellas cuestiones que han generado dudas y confusión entre las/os profesionales, tales como:

 

El encuentro además nos brinda la oportunidad de ofrecemos como organización colegial para poder formar parte del Consejo asesor o técnico que elabore el desarrollo del Reglamento de dicha prestación.

 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTS Madrid) hemos querido transmitir que esta prestación, en su inicio, se vivió desde la profesión como una oportunidad para la ciudadanía tras la grave crisis económica sobrevenida por la pandemia del COVID 19, pero mostramos nuestra preocupación ante la dificultad que está suponiendo para la ciudadanía la tramitación y el acceso a la misma, la lentitud en la tramitación y la falta de información sobre el procedimiento una vez iniciada.

 

A este respecto, López Hidalgo aclaró que, al tratarse de una norma estatal, la Dirección Provincial solo puede cumplir su función ejecutiva, reconociendo también las dificultades iniciales para su gestión, dada la falta de experiencia del organismo en este tipo de prestaciones no contributivas y la gran cantidad de solicitudes recibidas durante el periodo de restricciones de movimiento provocadas por la pandemia.

 

Ante nuestra preocupación por la falta de atención presencial en las oficinas del INSS, la directora asegura que se facilitan las citas presenciales que establecen los protocolos sanitarios a través de las diferentes vías habilitadas al efecto y que, de no haber existido la tramitación online, habría sido muy complicado hacer frente a la atención presencial de tantas solicitudes como han recibido. En cuanto a los plazos existentes, se destaca la avalancha de solicitudes en la Comunidad de Madrid, indicando que Los plazos de resolución actualmente no superan los que establecen la Ley (seis meses) y se espera poder agilizar la gestión para poder resolver en plazos similares al resto de prestaciones.

 

Sobre la documentación exigida, la directora nos informa que desde el inicio se han reunido con la Federación de Municipios para obtener el padrón familiar y facilitar estos datos sin que la ciudadanía los tenga que aportar. Asimismo, nos informan de que la certificación de dicha prestación está ya disponible en las Plataforma de Intermediación de Datos para las Administraciones.

 

Desde el COTS Madrid se expuso la preocupación sobre las certificaciones que se exigen a los Centros de Servicios Sociales, la acumulación de tareas que sobrecarga una red profesional ya muy saturada y que asigna una tarea investigadora no propia del sistema de servicios sociales. También se expuso la dificultad de poder cumplir con el plazo de diez días que se establece para que los ciudadanos presenten dicha certificación.

 

Se nos informa que solo se recurre a la solicitud de dicha certificación de manera excepcional y no suponiendo ni el 1 % de las solicitudes recibidas. De igual manera, al transmitir la posible la negativa de algunos secretarios de ayuntamientos a firmar dichos certificados, nos indican que no tienen constancia formal de esta problemática y que se han recibido dichos certificados en plazo y correctamente firmados.

 

Respecto a los certificados de exclusión se plantea desde nuestro Colegio Profesional que somos los/as profesionales que deben emitirlos por las características de nuestra profesión que nos habilita para valorar y diagnosticar la exclusión, pero reivindicamos que se inserte en un informe social no en un certificado que nos deba validar un secretario. De nuevo se indica que es un requisito imprescindible   por el marco normativo, que supera las competencias de la dirección general de la Comunidad de Madrid. A este respecto nos ofrecemos como organización colegial para poder formar parte del Consejo asesor o técnico que elabore el desarrollo del Reglamento de dicha prestación.

 

 

Se expone finalmente la dificultad que supone la convivencia, en nuestra Comunidad, del IMV y la Renta Mínima de Inserción. Nos informan de que el trasvase de datos con la Comunidad es constante y continuo. Esta es la obligación que tienen y que cumplen desde el inicio de esta prestación, por lo que tampoco tienen conocimiento formal de las dificultades actuales al respecto, solicitando que ampliemos esta información documentalmente desde el Colegio.

 

 

Se finaliza la reunión con el compromiso de enviar a la Directora Provincial del INSS tanto el documento realizado por nuestro Colegio Profesional sobre la valoración de la Situación del RMI tras los 9 meses de  implantación del IMV y el documento del Consejo General del Trabajo Social sobre el análisis de la situación de las trabajadoras sociales pertenecientes a los Servicios Sociales Públicos y las obligaciones legales derivadas del Real Decreto 3/2021 de 2 de febrero. En dichos documentos se refrenda lo expuesto verbalmente por nuestro Colegio.

 

Se agradece la reunión y se establecen bases y cauces de comunicación para futuros encuentros.