La reunión de trabajo giró principalmente sobre la situación de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, analizada y denunciada por el Colegio en diferentes ocasiones.

Al ser la primera reunión entre el consejero y la Junta de Gobierno, se presentó el Colegio como corporación de derecho público que representa y defiende los intereses de las trabajadoras y trabajadores sociales en la Comunidad de Madrid, garantizando los derechos de la ciudadanía. En esta línea trasladamos la obligatoriedad de colegiación de los/as profesionales del Trabajo Social, en las contrataciones públicas y privadas, como garantía profesional y de la atención de calidad a la ciudadanía, incidiendo en la necesidad de formación especializada y continua de los/as trabajadores/as sociales.

La directora General destacó la colaboración del Colegio con la Consejería de Políticas Sociales y Familia durante la pandemia, enmarcado en el convenio de Emergencias que existe con el Colegio, a través del teléfono de atención a la ciudadanía.

Desde el Colegio se trasladó también la preocupación del colectivo profesional respecto al enorme y difícil trámite burocrático que presentan las personas que tienen que solicitar la Renta Mínima de Inserción (RMI) o de los ya perceptores que tienen que presentar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para poder seguir percibiendo dicha prestación, dado su carácter de subsidiariedad. El Colegio expuso, así mismo,  la sobrecarga de trabajo que supone para la Red de Atención Social Primaria responder a los requerimientos de documentación constantes de nuestros usuarios. Se trasladó la angustia que presentan las familias ante estas situaciones, por el miedo a la pérdida de sus escasos ingresos y que, en su situación de solicitantes de prestaciones, se encuentran en el medio de la gestión de dos administraciones. Esta reivindicación ya fue recogida en anteriores documentos y apareció en los medios de comunicación. Sobre este asunto, la Consejería compartió la preocupación por la situación, pero señaló el carácter subsidiario de la RMI. Desde la Consejería reconocen que se han realizado los trámites de audiencia exigiendo documentación a los perceptores sobre la obligatoriedad de solicitar IMV, pero informan de que no se ha producido ninguna suspensión por esta causa.

Respecto al IMV, la Consejería está intentando generar procesos de comunicación con el Ministerio y establecer cauces de coordinación, aunque alegan falta de coordinación entre las administraciones.  El Colegio planteó realizar una modificación legislativa para que se puedan buscar fórmulas de complementariedad de ambas ayudas, sugiriendo la fórmula del Gobierno Canario. Desde Consejería nos trasladan que la Comunidad de Madrid no dispone de la figura legal del decreto ley, y todo cambio debe hacerse a través de un cambio de ley. Desde el Colegio, se apuntó que el trámite parlamentario del IMV está suspendido por los Presupuestos Generales del Estado y que el plazo de enmiendas se ha ampliado en varias ocasiones. Por ello sería conveniente buscar alternativas legislativas no condicionadas a que el IMV llegue a una situación de estabilidad normativa.

Respecto a la Ley de Servicios Sociales, la Consejería informa de que en el momento actual existen grupos internos trabajando en el articulado. Una vez concluido este trabajo, se realizará el trámite de audiencia pública y están previstas unas jornadas técnicas donde se podrá volver a realizar aportaciones. Desde el Colegio volvemos a ofrecernos como agentes imprescindibles en el desarrollo de la nueva ley apostando por la figura del trabajador/a social como profesional de referencia en el marco de la nueva Ley de Servicios Sociales, en línea con la actual. Se pone como ejemplo fundamental que la figura del/de la trabajador/a social ha sido clave como profesional de referencia durante la pandemia para la ciudadanía y que este hecho tiene que apuntalar y desarrollar la nueva Ley.

Por último, se propuso la colaboración del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid en un plan de formación específico para los/as profesionales de la Red de Atención Social Primaria de Servicios Sociales, dada la importancia de generar espacios formativos para fomentar el autocuidado profesional y la supervisión profesional, entre otros temas de interés.