Marea Naranja ya elaboró un primer documento, en el que se señalaba la respuesta ineficaz de la Comunidad en esta situación, así como el colapso de los Centros de Servicios Sociales y sus profesionales. Se lanzaban, además, una serie de propuestas de decisiones urgentes para paliar la desigualdad territorial en la región. Estas propuesta no surtieron ningún efecto, por lo que se siguen dando, entre otras, estas situaciones:

·         Continúa el incremento de las situaciones de precariedad social y carencia de cobertura de necesidades vitales básicas, que desbordan los Servicios Sociales.

·         Se producen situaciones de elevada angustia y estrés emocional de las personas y familias ante la incertidumbre general y la carencia total de ingresos económicos., consecuencia de la aprobación en junio del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las actuaciones realizadas por la Comunidad de Madrid en la gestión y tramitación de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

·         La atención y cuidados de las personas en situación de dependencia se han visto gravemente afectada por la pandemia, con más de 29.000 personas con derecho, pero sin prestaciones. La lista de acceso al servicio de ayuda a domicilio (SAD) ha empeorado, y la crisis en el modelo de atención de cuidados se ha hecho evidente.

·         La brecha digital, que incide en la población más vulnerable, dificulta el acceso a las diferentes prestaciones y supone un escollo más a la ciudadanía.

Desde Marea Naranja se reitera que se debe abordar una transformación profunda del Sistema Público de Servicios Sociales, aportándole más fortalezas, garantías e instrumentos de componente estructural. Por ello, se reclaman medidas de choque que no fueron tomadas en la primera fase de la pandemia y cuya implementación resulta urgente. Entre otras:

·         Incremento de las ayudas económicas de emergencia y simplificación de la tramitación.

·         Creación de espacios de coordinación entre la red de atención primaria y los recursos privados de solidaridad, así como entre las administraciones municipal y autonómica.

También se apunta a cambios de carácter estructural:

·         Reforzar el sistema público, evitando la privatización y externalización de los Servicios Sociales, al tratarse de un servicio esencial

·         Avanzar en criterios de universalidad del Sistema y de acceso al mismo.

·         Garantizar el acceso de la ciudadanía al Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.

·         Abordar un cambio profundo del modelo de cuidados, atención y gestión, tanto en el SAD como en los centros residenciales.

·         Puesta en marcha inmediata del Consejo Regional de Servicios Sociales y del Consejo Interadministrativo

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