El pasado 5 de noviembre, la Junta del Colegio mantuvo una reunión con Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. En representación del Colegio acudieron a la reunión la decana Mar Ureña, la tesorera Marta Cubero, la vocal Belén Novillo García, estas últimas, además responsables de Servicios Sociales de la Junta, y Francisco García Cano, director-gerente. Durante el encuentro se tuvo la oportunidad de saludar al viceconsejero Javier Luengo.

En la reunión, la decana puso de manifiesto la gran presencia y contribución de la profesión de trabajador/a social en el ámbito competencial de la Consejería. Actualmente, solo en la red de Atención Social Primaria, más de 1100 trabajadoras/es sociales son profesionales de referencia de toda la población madrileña. Además las/los profesionales del Trabajo Social tienen presencia en todas las redes de Servicios Sociales especializados, tanto como empleadas/os públicos, como ejerciendo desde la iniciativa privada o el tercer sector de acción social.

Por su parte, el consejero Reyero resaltó la presencia de la profesión también a nivel directivo con el nombramiento como directoras generales de tres trabajadoras sociales. Asimismo, confirmó como objetivo de legislatura de su Consejería redactar una nueva Ley de Servicios Sociales, para la que contará con la opinión y propuestas de los actores sociales, entre los que estará el COTS Madrid.

En esta línea, ambas partes estuvieron de acuerdo en la necesidad de conocer el estado actual a nivel regional de los servicios sociales, incluida la iniciativa privada y el tercer sector, como punto de partida del citado proyecto legislativo, siendo para el COTS de especial relevancia el mapeo de la profesión al respecto. El Colegio señaló también la necesidad de un refuerzo en dotación de recursos para la red de Atención Social Primaria y destacó el trabajo realizado por las/os profesionales de Servicios Sociales que abordan en su día a día situaciones complejas que se pusieron de manifiesto. Así mismo, se expresó la necesidad de avanzar conjuntamente en los posibles desarrollos normativos que requiera la nueva ley; y se pidió que se publicaran los criterios de financiación que se utilizan para la adjudicación presupuestaria dentro de los convenios con los municipios.

El Colegio trasladó al consejero la demanda de reforzar la interlocución y protagonismo de los municipios y la red pública de Atención Social Primaria, así como la necesidad de liderar desde la Consejería el apoyo a coordinación técnica (destacando cuestiones como el SIUSS, establecimiento de criterios e indicadores, mapeo de servicios sociales, etc.).

Además de reiterar la petición de la retirada de la Tarjeta- historia social, el Colegio trasladó la preocupación de las/os profesionales del Trabajo Social sobre diversas cuestiones.

En primer lugar, en relación a Autonomía y Dependencia, las listas de espera del Servicio de Ayuda a Domicilio, el periodo suspensivo del PCEF y la falta de desarrollo de prestaciones, como la asistencia personal. También, la información al interesado sobre los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como, la preceptiva consulta al interesado sobre la modalidad de intervención más adecuada a su eventual situación de dependencia. Además, se propuso la incorporación de factores sociales a la valoración del grado de dependencia. En esta misma línea, se propuso también como alternativa la experiencia previa de encomendar a las entidades locales la realización material y técnica de las actividades de valoración del solicitante y de su entorno habitual, para la determinación del grado de dependencia; dado que, desde el Colegio, se valora la cercanía y el conocimiento en profundad del caso, así como la coordinación socio-sanitaria como un elemento determinante para un ajuste de la valoración a la situación social individual, siendo este otro de los aspectos propios que aporta la profesión del Trabajo Social. En cualquier caso, el Colegio expresó la necesidad de un modelo que aborde de una manera integral y coordinada el problema, incidiendo en la necesidad de incrementar los esfuerzos por la promoción de la autonomía personal.

Sobre la Renta Mínima, se señalaron las graves dificultades de gestión de la Renta Mínima de Inserción, que impiden a muchas personas ejercer el derecho de acceso a esta prestación económica.

Finalmente, el Colegio también quiso abordar la situación de las/os trabajadoras/es sociales en la propia Consejería: la necesidad de convocar más plazas y aminorar la temporalidad, así como la cuestión de la carrera profesional y la búsqueda de medidas que ayuden a captar el talento directivo y posibiliten la promoción de los y las trabajadoras sociales. Para ello, se propone abrir los puestos intermedios a grupos A1/A2 y crear un cuerpo A1 por promoción interna que posibilite a la profesión acceder a este grupo. Desde la Consejería, se nos emplazó a otra reunión para abordar este tema de manera específica.

El Consejero mostró su disposición a estudiar dichas cuestiones y señaló algunas medidas que ya se han puesto en marcha, como la búsqueda de mayor transparencia en el acceso a los recursos y listas de espera, el estudio para mejorar la gestión de la RMI y su intención de impulsar la Atención Social Primaria, así como cuestiones relacionadas con la innovación social y la búsqueda de nuevas fórmulas de colaboración público-privadas.

El encuentro transcurrió en un ambiente de colaboración y se acordó mantener una interlocución continua, generando una agenda de trabajo con las diferentes Direcciones Generales.