Desde el Colegio se ha acompañado, apoyado y facilitado asesoría jurídica, siendo un resultado exitoso tras la situación que vivían a nivel laboral las trabajadoras sociales y que exponemos:
 

• El reconocimiento de la cualificación profesional: El pliego de condiciones reconocía que la empresa adjudicataria, para la prestación de los servicios recogidos en el mismo, debería constar con al menos una persona en posesión de una licenciatura o grado de la educación superior en el ámbito del trabajo social o de la educación social. La empresa demandada tenía contratadas a las profesionales indicadas, pero como Auxiliares, cuando realizaban funciones de trabajadoras sociales.

• Además, se reconoce que dado que la actividad realizada por la empresa en el ámbito del servicio que presta debe entenderse que EL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE ES EL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 2015-2017, y no el de Oficinas y Despachos, el que estaba en aplicación en la contratación de las profesionales.