El pasado 31 de mayo las representantes de las cuatro entidades que trabajamos en la Alianza RMI: Colegio Oficial Trabajo Social Madrid (Mar Ureña), EAPN Madrid (Gema Gallardo y Gabriela Jorquera), OEIMS(Berta Lago) y Foro ServSocial Madrid (Mar Salvador) mantuvimos una reunión con responsables dela Renta Mínima de Inserción de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social: Carmen Sáez, Subdirectora General de Prestaciones Económicas y Rosa Aragonés, Jefa del Servicio de Inspección y Coordinación de la Renta Mínima de Inserción.

  

Trasladamos nuestra preocupación por las informaciones que nos transmiten algunos/as técnicos de Comunidad de Madrid de que los informes sociales no pueden ser tenidos en cuenta para excepcionar requisitos, en especial el de residencia: además de las consecuencias que ello puede traer para muchas personas. Esta situación va contra el Reglamento cuando reconoce el valor del informe del trabajador/a social como profesional de referencia de Atención Social primaria como medio acreditativo.

 

Desde la subdirección general se señala que en ningún momento se ha transmitido un criterio así, pero que es importante que los motivos de excepcionalidad estén bien definidos y suficientemente motivados en los informes sociales para cumplir los requisitos que marca la Intervención.

 

No obstante, se comprometen a analizar esta situación, e insiste en que no se debe reemplazar el empadronamiento. La dificultad está en que por las circunstancias que enfrentan las personas en situación de pobreza para acceder a una vivienda en Comunidad de Madrid, los perceptores/as que no residen de forma efectiva en el lugar donde están empadronados son muchos. A esto ha contribuido la penalización por el coeficiente reductor que se aplica cuando conviven varios titulares.

  

 

Se le pregunta sobre el nuevo Baremo 2017 ya que en la web sigue el Baremos 2016 y si el Tope R.M.I. va a ser 707,70 en aplicación de lo establecido en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017 y en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 6/2017 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Nos informa que se ha actualizado el baremo a efectos de tope patrimonial y pensionistas pero que no se ha difundido a los Centros. Le solicitamos que se distribuya cuanto antes.

  

 

Las organizaciones trasladamos – como en los últimos años- nuestra disconformidad con que la acreditación de requisitos se tenga que realizar en la sede de la Consejería, suponiendo gastos de traslados y situaciones a veces de dificultad para algunas personas por cuestiones de salud mental, extrema exclusión, etc.. Reivindicamos que se utilice la red de Centros de Servicios Sociales porque además se está rompiendo el principio de igualdad territorial porque estas citaciones no se están realizando – por ejemplo- a vecinos/as de la Ciudad de Madrid.

Trasladamos que hemos observado que se ha modificado el criterio anterior y que ahora se realiza suspensión cautelar y se insta a la persona titular de RMI a solicitar RAI.

 

Las responsables de la Comunidad señalan que es necesario hacerlo así ya que el carácter de la RMI es subsidiario y además el SEPE – a través de cruce de datos- procedía a extinguir la RAI(que genera derecho desde la fecha de solicitud)si aún constaba como perceptor de RMI. Esto a juicio de la Comunidad de Madrid estaba generando efectos perversos y una desviación a la RMI de personas que deben y tienen derecho a la RAI.

 

Consecuencia: un número creciente de personas sin recursos, en una situación económica desesperada.

 

Hemos trasladado la necesidad que se resuelva esta cuestión con la máxima celeridad posible, ya que se están rompiendo todos los principios de coordinación interadministrativa yafectando gravemente a personas en sus derechos más básicos.

  

 

El transito RMI-RAI es uno de los motivos de los aumentos de suspensiones cautelares.

Comunicamos también a la responsable de la subdirección general el aumento de suspensiones cautelares, y que en las cartas de notificación no se explica de forma suficiente los motivos para ello, con la complejidad que eso añade a muchas familias a nivel de obtención de la información, gestión correspondiente, etc.

 

Si bien no se aportan datos, se señala que se está cumpliendo el Reglamento y que por tanto no debe haber suspensiones más allá de las motivadas por la norma. Las responsables se comprometen a estudiar estas circunstancias que les hemos trasladado.

 

Reivindicamos nuevamente la necesidad de que la Comunidad de Madrid publique periódicamente los datos de solicitudes, concesiones y suspensiones.

  

 

Se indaga por los avances para la eliminación del coeficiente reductor que fue anunciada en conferencia de prensa por el consejero Carlos Izquierdo, y que apareció en el periódico El Mundo de 12 de abril. Las responsables nos señalan que no tienen noticias concretas sobre ello y que darán traslado de nuestra consulta al director general. Informamos del consenso entre los grupos de la Asamblea de Madrid para la eliminación de este artículo del reglamento que regula la RMI, y esperamos que el acuerdo de gobierno llegue pronto para modificarlo.

 

 

 

Trasladamos la preocupación de las/os profesionales y las entidades sociales por no aceptar tramitación de RMI para solicitantes de asilo y refugio, cuestión habitual hasta ahora. La subdirectora general reconoce el cambio de criterio alegando motivos jurídicos. Están estudiando la cuestión.

 

 

En esta reunión las entidades expusimos casos y situaciones concretas para mostrar cada una de las problemáticas expuestas. Instamos a reforzar la coordinación así como las vías de comunicación (circulares, manuales, acciones formativas, etc.) entre los distintos departamentos y Consejerías.

 

Tras esta reunión, además de ponernos a disposición de la Comunidad para continuar trabajando conjuntamente, estamos a la espera de respuesta para algunos de los asuntos, y valorando qué pasos vamos a dar tanto en nuestra Comunidad como a nivel estatal en las cuestiones en que ambas administraciones están implicadas.

  

Tras los acontecimientos de las últimas semanas: no aumento de presupuestos, aumento de la suspensiones cautelares, complejización administrativa, queremos expresar y transmitir la necesidad de reforzar los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de la Ley de la RMI para hacer efectivos los dos derechos que recoge: el derecho a una prestación económica y el derecho al acompañamiento para la inserción laboral.

 

Hemos pasado de la sorpresa a la tristeza y estupor al constatar día a día como se complica y descalifica a la RMI y las personas que tienen derecho a ella cuando es una de las políticas de las que todas/os los madrileños/as debemos sentirnos orgullosos/as y continuar trabajando para mejorarla ya que promueve la equidad y cohesión de la sociedad madrileña.