La Comisión Europea abrió en noviembre de 2013 el proceso de evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones, con la finalidad de facilitar la implantación del mandato incorporado en la Directiva 2013/55 de modificación de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

La Comisión solicitó a los Estados miembros realizar la revisión a nivel nacional de los requisitos en materia de cualificaciones impuestos a las profesiones reguladas y del alcance de las actividades reservadas. Según la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la Evaluación de las regulaciones nacionales en el acceso a las profesiones, Trabajo Social entraba a ser evaluado en la tercera fase del proceso.

Dentro de ese proceso cada país tiene que elaborar un Plan de Acción Nacional en el que se detallan las reformas que se van a aplicar a la regulación de sus profesiones como resultado de sus procesos de evaluación.
En junio de 2015, el Consejo recibió el encargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de completar el cuestionario de proporcionalidad en relación con la profesión de Trabajador/a Social que habría de aparecer en la Base de Datos de Profesiones Reguladas de la Comisión Europea. Se mantuvo una reunión con la coordinadora nacional de reconocimiento de cualificaciones profesionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con la responsable de la regulación de nuestra profesión en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (nuestro Ministerio de referencia o "tutelar" ). Dicha reunión consistía en darnos las indicaciones para realizar el ejercicio y la cumplimentación de la base de datos, en lo que se refiere a la profesión de Trabajador/a Social en España en base a los criterios requeridos por la Comisión Europe a, así como sobre las pruebas, datos y factores económicos a incluir en el análisis de proporcionalidad. Tras la cumplimentación del formulario por parte del Consejo, los tres Ministerios involucrados lo revisaron y presentaron un informe a la Comisión Europea (en nuestro caso debían presentarlo antes de enero de 2016) indicando las medidas consideradas en relación a la regulación de nuestra profesión.