El Colegio ha pedido emitir una aclaración y una disculpa a la Concejal del Ayuntamiento de Madrid Doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo del grupo de Ciudadanos por los comentarios vertidos en la Pregunta n.º 2016/8000359 que realizó en la  Comisión Permanente Ordinaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto  celebrada el pasado 18 de marzo de 2016.
En una de sus intervenciones señaló  que: "le quiero decir que la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 131, viene a exigir que para ser coordinador es obligatorio ser funcionario del subgrupo A1, no A2, porque los madrileños se merecen al mejor y el coordinador tiene unas funciones importantísimas en el Ayuntamiento de Madrid…" (…) " y tiene que ser una persona muy capacitada".
Esta intervención la hizo referida a una Funcionaria de Carrera de nivel 26, del grupo A2 ( trabajadora social)  y con una amplia trayectoria de servicio público y de reconocido prestigio y  que ha demostrado su capacidad y competencias.
Este Colegio quiere señalar  que nos parece del todo improcedente señalar que "los madrileños se merecen al mejor"   y que "tiene que ser una persona muy capacitada", como si con ello se quiera señalar que la capacidad y "lo mejor" está directamente correlacionado y es consecuencia directa  de ser A1.
No podemos tolerar que nuestros representantes políticos ataquen de esta manera a una persona que está prestando un servicio público y que lleva años demostrando su valía y capacidad.

El Colegio también se dirigirá a la Concejal del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Dña Marta Higueras, para solicitar aclaración sobre la situación  tanto a efectos de transparencia como de seguridad juridica de los/as funcionarios/as, así como a todos los grupos de la corporación para instar a la necesidad de reforma pendiente, fruto de la propia evolución de la administración pública y del nuevo modelo de titulaciones universitarias implantadas, una revisión y modernización de toda la normativa que afecta a la carrera profesional de los empleados y empleadas públicas,  para garantizar los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades , y  por la que  nuestro colectivo de trabajadores sociales  se está viendo, en muchas ocasiones,  perjudicado.