El Colegio considera que se está atentando contra los derechos de los vecinos y vecinas de Galapagar porque la prestación de Servicios Sociales implica ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos, porque puede ponerse en peligro según la Ley de Servicios Sociales de Comunidad de Madrid la financiación de esos servicios si no se prestan de manera directa y porque se invocó como argumento una norma no vigente: el Anteproyecto de Ley de Racionalización de la Administración Local que propone que los servicios sociales sean competencia autonómica.

Todo ello además acompañado, a juicio del Colegio, de defectos de forma por no publicarse el contenido del acuerdo y la manera de recurrirlo.

El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid defiende los Servicios Sociales como derecho, y que se garantice en todo momento la universalidad, la igualdad de acceso y la imparcialidad, advirtiendo además, del absurdo de que esta medida (cuya única ventaja alegada era el ahorro) lograría justamente lo contrario.

Cuando tuvo noticia de este proyecto, el Colegio dirigió una carta al Alcalde poniéndose a su disposición para dialogar y adjuntándole una carta abierta en la que se remarca la importancia de los servicios sociales como el "corazón" del municipio.