Se trata de una iniciativa conjunta del Consejo General del Trabajo Social y el de la Abogacía.
Los trabajadores sociales, profesionales de referencia de los servicios sociales, detectarán, evaluarán y abordarán los casos antes de derivarlos a las Oficinas.
El modelo es el que los Colegios de Abogados pusieron en marcha hace un año, con el que se han alcanzado acuerdos entre entidades financieras y deudores hipotecarios en el 60% de los casos tratados
Frente a los más de 7.000 euros que cuesta el proceso judicial de ejecución hipotecaria, la intermediación que se lleva a cabo en las Oficinas tiene un coste máximo de 350€ que, en ningún caso, paga el usuario.
Además, el Consejo General del Trabajo Social ha elaborado un modelo de informe social específico para los casos de intermediación hipotecaria, con el afán de aportar y mejorar las herramientas de referencia del trabajo social.