El Colegio, ante la actual situación socioeconómica y el consiguiente aumento de demanda de ayudas económicas que trabajadores/as sociales están recibiendo en los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, ha realizado un documento técnico que se ha presentado el 27 de junio a los medios de comunicación y que contiene un estudio sobre la situación de las ayudas económicas directas en los servicios sociales e incorpora una serie de propuestas para mejorar la situación de esta importante herramienta de apoyo social.

Una familia en situación de necesidad se encuentra con:

-Una Red Básica de Servicios Sociales cada vez menos dotada, con dificultad para poder atender a las ya 5.000 personas o familias diarias que acuden a los Servicios Sociales, con ratios que llegan a alcanzar hasta un/a trabajador/a social hasta para 14.500 habitantes

-Una normativa inadaptada a la situación de crisis y emergencia familiar: la aplicación de la actual normativa puede impedir que una familia perciba una ayuda de emergencia por no haber pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por ejemplo.

-Diferencias territoriales y faltas de criterios homogéneos: según el municipio donde viva, una persona tiene diferentes formas de acceso, tiempo y procedimientos cuando solicita una ayuda económica.

-Ausencia de transparencia en cuanto a las regulaciones municipales, en caso de haberlas y en los baremos que son utilizados para la valoración de las situaciones.

-Un desconocimiento sobre el apoyo que puede prestar esta Red de Servicios Sociales.

-Recortes en los presupuesto en lo que supone una clara vulneración del principio de equidad.


Por ello, proponemos:
1.- Las administraciones, especialmente la Comunidad de Madrid, deben modificar el marco legislativo para poder facilitar el acceso a esta ayudas a todas las familias en situación de necesidad.
2.- Agilizar procesos y plazos de gestión, para que respondan realmente a la necesidad a la que se dirigen.
3.- Ampliar la ratio de atención hasta conseguir alcanzar el 1x3.000: 1 Trabajador/aSocial por cada 3.000 habitantes en la Atención Social Primaria.
4.- Ampliar las partidas presupuestarias dedicadas a ayudas económicas directas a familias. Esta dotación presupuestaria debe ser acorde a la situación de necesidad de los ciudadanos/as de un territorio.
5.- Las personas inmigrantes irregulares deben poder acceder a estas ayudas.
6.- Los/las ciudadanos/as deben poder conocer las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales y los baremos que son aplicados en todo momento para acceder a las mismas.
7.- Los tres niveles de la administración: central, autonómica y local deben mostrar su compromiso con el fortalecimiento de la red Servicios Sociales de Atención Social Primaria, y el trabajo social que se desarrolla diariamente.
Por último, señalar que los y las trabajadores/as sociales, queremos denunciar que, ante la actual coyuntura, las políticas sociales están olvidando el principio de justicia y la responsabilidad constitucional que la administración tiene en el mantenimiento del bienestar de la ciudadanía, y las políticas sociales deben tener a las personas en situación de exclusión social o riesgo de sufrirla como eje central.
No obstante, porque confiamos en la ciudadanía y siempre hemos estado trabajando junto a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, pensamos que TODAVIA SE PUEDEN modificar estrategias y políticas sociales que apuesten por la garantía de derechos sociales en nuestra comunidad autónoma.