En nuestro país, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como la salud y la vivienda, no están protegidos igual que otros, aunque son derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.

El informe expone casos concretos en el ámbito de derecho a la vivienda y en el acceso a la salud.


( el enlace al informe, en la web de Amnistia Internacional que os anexamos, se encuentra bajo la foto de portada del informe)